Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica en materia de PT

Conforme el art. 135 literal d) nos señala que son obligaciones de los guatemaltecos contribuir a los gastos públicos en la forma que prescribe la ley; esta obligación es de forma proporcional y equitativa.

“… el Estado necesita recursos económicos, los cuales debe recaudar en la forma prevista por la ley, conforme el artículo 135, inciso d), de la Constitución Política de la República. De esa cuenta, toda persona (individual o colectiva) debe contribuir al sostenimiento del Estado en la medida de sus posibilidades económicas (capacidad contributiva) y en la proporción que corresponde. Dicha contribución es obligatoria, y atiende a la potestad del estadio para imponer por sí solo, sin sujeción a ninguna otra autoridad, obligaciones tributarias. Esas obligaciones de los contribuyentes frente al Fisco nacen de las leyes – en sentido formal y material- que crean los tributos (impuestos, arbitrios, tasas y contribuciones especiales). La obligación tributaria nace por la sola voluntad del Estado, porque es éste el que posee el ius imperium para someter al particular con la carga tributaria (Juan Carlos Luqui, derecho Constitucional Tributario, ediciones De palma, Buenos Aires, Argentina, 1993)”. Gaceta 99. Expediente 4119-2010. Fecha de sentencia: 11/02/2011.

Actualmente las disposiciones fiscales en materia de precios transferencia no se ajustan a cabalidad al principio de aplicación estricta de las disposiciones fiscales que establecen los elementos esenciales del impuesto sobre la renta -ISR- lo que podría ocasionar una erosión de la seguridad jurídica.

La Seguridad Jurídica, nos permite tener un conocimiento a priori del sentido que tendrá la aplicación de la ley por parte de la autoridad tributaria, o bien, de la interpretación que dicha norma jurídica, le imprima el juzgador en caso de que se llegue a controvertir por el contribuyente la posición de la autoridad tributaria.

En ese orden de ideas, todo impuesto debe estar contenido en una ley en su sentido formal y material, la cual satisface la exigencia constitucional de ser proporcional además de equitativa, y que para evitar que se lleguen a presentar abusos de la autoridad tributaria, los elementos esenciales del ISR, como hecho generador de la obligación tributaria, exenciones, sujeto pasivo, base imponible y tipo impositivo, deducciones, descuentos, reducciones, recargos, infracciones y sanciones tributarias;  están claramente determinados en la propia ley, propiciando que el contribuyente sepa a qué atenerse en su relación jurídica tributaria.

Se dice que la seguridad jurídica, en su sentido más amplio “supone la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del derecho”,[1] por su parte, el doctor Ricardo García Manrique no vacila al afirmar que por seguridad jurídica debe entenderse “la certeza respecto del contenido de las normas jurídicas vigentes y respecto del hecho de que las normas jurídicas vigentes son aplicadas de acuerdo con su contenido”.[2]

Por otro lado, el jurista Kelsen, define la seguridad jurídica la cual consiste “en que las decisiones de los tribunales son previsibles hasta cierto grado, y por ende, calculables, de suerte que los sujetos sometidos al derecho pueden orientarse en su comportamiento según las decisiones judiciales previsibles”.[3]

Por su parte, el Dr. Hallivis Pelayo, sostiene que “La seguridad jurídica es un valor jurídico (…) referida a materia tributaria, contempla la posibilidad de prever las consecuencias y el tratamiento tributario de las situaciones y acciones de los contribuyentes, pudiendo anticipar cuáles serán las decisiones de la autoridad, o aun de los tribunales, que cabrían sobre esas situaciones y acciones”. [4]

Así mismo, el tratadista Pérez de Ayala y González refieren que el principio de legalidad en materia tributaria diciendo que “En su concepción más restringida y propia, el principio de legalidad tributaria exige que solo pueden ser impuestos por el Estado sacrificios patrimoniales a sus súbditos mediante ley, esto es, mediante aquella fórmula jurídica, que por ser expresión de una voluntad soberana (legítimamente constituida, en otro caso no sería jurídica) manifestada en la forma más solemne establecida, tiene la virtud de obligar (la fuerza de ley) al tiempo que permite, en su caso, la apertura de los mecanismos revisores previsto ante la jurisdicción”.[5]

Por su parte, Margain Manautou refiere sobre ese principio que “el legislador debe precisar con claridad quien es el sujeto del impuesto, su objeto, la base, tasa, cuota o tarifa, momento en que se causa, fecha de pago, obligaciones a satisfacer y sanciones aplicables, con el objeto de que el Poder Reglamentario no altere dichos elementos en perjuicio del contribuyente, e introduzcan la incertidumbre”.[6]

Lo expuesto por Manautou, no es otra cosa que el actual principio de legalidad tributaria consagrado en art. 239 de la Constitución Política de la República, puesto que implica el conocer con certeza la forma en que tenemos que tributar, no solo como obligación a cargo de los contribuyentes, sino también para el estado en cuanto al establecimiento de impuestos justos.

Pues es claro, que el principio de legalidad en materia tributaria, es uno de los pilares donde recae la seguridad jurídica de todo gobernado, puesto que le permitirá prever las consecuencias que generen sus actos.

Lo anterior, cobra auge en materia impositiva, pues que, al causarse el impuesto previsto en la norma tributaria, el causante podrá estar en aptitud de conocer el monto de los tributos que adeude al fisco, o al menos, tener la certeza de los términos en que se podrá efectuar su cuantificación.

La aplicación del rango intercuartil y el uso del “sexto método” en materia de precios de transferencia es una clara violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, en virtud que dicha norma crea incertidumbre en su aplicación, lo cual da como resultado una arbitrariedad de la autoridad tributaria para pretender cobrar un impuesto por dicha vía.

 

[1] STC Español 36-19891, FJ. 5). Citada en Rubio Llorente, Francisco, Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales.

[2] García Manrique, Ricardo, “Radbruch y el valor de la seguridad jurídica.

[3] Kelsen, Hans, Teoría del derecho, Editorial Porrúa, México, 20017. P. 260

[4] Hallivis Pelayo, Manuel, Tratado de derecho fiscal y administración tributaria de México.

[5] Pérez de Ayala, José Luis y González García, Eusebio, Derecho Tributario, Tomo I, Editorial Plaza Universitaria, Salamanca.

[6] Margain Manautou, Emilio, Introducción al estudio del derecho tributario mexicano, Editorial Porrúa, México.

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