El pasado 5 de mayo, Consultoría Técnica Profesional -CTP- llevo a cabo el Seminario «Reformas Fiscales 2016. Iniciativa de Ley No. 5056», donde adicional al análisis fiscal y legal de la iniciativa mencionada, se estudió el Plan de Recaudación, Control y Fiscalización 2016 de la SAT.
Muchas opiniones podemos encontrar sobre las nuevas Reformas para la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, sin embargo la propuesta surge de la necesidad de implementar medidas que permitan recuperar la confianza y cumplimiento voluntario de los contribuyentes, ya que derivado de las redes de corrupción situadas en la propia SAT, por el deterioro de la ética de sus funcionarios y demás personal operativo, ocasiono el deterioro de la institución, y por ende la pérdida de credibilidad en la misma, lo cual influyo en incumplimiento de su objetivo principal: Recaudar impuestos para el incremento de ingresos fiscales como principal fuente de financiamiento del Estado y con ello poder garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de proveer el bienestar común.
Sin embargo, la propuesta tiene medidas que si bien son buenas, no están bien planteadas, el tener un TRIBUTA que resuelva las impugnaciones de los contribuyentes generaría confianza en el sistema y seguridad jurídica, sin embargo este se ve manchado cuando el mismo es integrado por empleados con contratos 011, lo cual violaría su independencia y sus fallos tendrían incidencia en la administración y en los contribuyentes, ya que quien remueve al TRIBUTA es el Directorio, el cual aprueba las metas de recaudación y el plan anual de recaudación, control y fiscalización. El tributa también violenta la igualdad dentro del mismo tribunal ya que su presidente solo puede ser abogado (3), excluyendo a los CPA (2).
Así mismo tener un Directorio integrado por la misma cúpula del ejecutivo, viene a disfrazar la supuesta autonomía de la SAT, y regresar al modelo de la antigua Dirección General de Rentas y Aduanas; el Directorio debería estar integrado por profesionales que acrediten su experiencia en la función pública y académica, nombrados en un proceso transparente y alejados a intereses gremiales o políticos.
Se le otorgan muchas facultades discrecionales al Superintendente, quien será el que emita una opinión técnica sobre iniciativas de ley en materia tributaria y aduanera, adicionalmente aprobará la ejecución presupuestaria de la SAT y la contratación de servicios de auditoría externa. La calidad para ser Superintendente es ser profesional, lo cual debería limitarse a los profesionales de las ciencias económicas o del derecho.
Referente al Secreto Bancario en Guatemala, estaremos realizando una nota especial del tema.
En conclusión, necesitamos una SAT que pueda generar la confianza en los administrados y elevar la moral tributaria, para que el Estado pueda garantizar a la población el bien común mediante la recaudación fiscal, pero estamos obligados a blindar a la propia administración de actos corruptos derivados de intereses políticos.
